El proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda ha sido aprobado en el pleno del Senado sin modificaciones en el texto que llegó del Congreso de los Diputados. La normativa ha sido respaldada por el PSOE, ERC, EH Bildu y partidos de la Izquierda Confederal, mientras que PP, PNV, Junts per Catalunya, Cs, Vox y UPN han votado en contra.

La Ley de Vivienda establece medidas como el control de los alquileres en zonas tensionadas, un nuevo índice de referencia para actualizar las rentas, incentivos fiscales y gravar las viviendas vacías. También regula los desahucios, las ayudas al acceso a la vivienda social y asequible, y la creación de un parque público de vivienda asequible.

Algunas medidas entran en vigor de inmediato, como el tope en el incremento anual del precio del alquiler y la información mínima requerida en operaciones de compra y alquiler de vivienda. Otras medidas, como las prórrogas extraordinarias de los contratos de alquiler para vulnerables y el recargo en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles a las viviendas vacías, también se aplican de inmediato.

La ley establece la figura del "gran tenedor" de viviendas como aquel que posee más de 10 inmuebles urbanos de uso residencial. Se imponen obligaciones en relación a los gastos de gestión inmobiliaria y los honorarios de formalización del contrato, que deben ser asumidos por el arrendador.

La normativa introduce cambios en el procedimiento de desahucios, ejecuciones hipotecarias y subasta de inmuebles en situaciones de vulnerabilidad. Se establecen requisitos adicionales y se otorgan más facultades a las Administraciones públicas para proteger a los ocupantes de viviendas en situación de vulnerabilidad.